El agua tensionó el pleno de las Cortes, del que fue desalojado un grupo de agricultores

M. CEBRIÁN. TOLEDO.

El primer pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha en 2008 ha empezado igual que como terminó el 2007, con la eterna disputa de los dos grupos parlamentarios en torno a la subida de sueldos de los altos cargos de la Junta. Sin embargo, uno de los hechos más reseñables durante la mañana de ayer fue el desalojo de algunos miembros de la Plataforma del Agua y la Viña, que acudieron al Parlamento regional para protestar por la aprobación, el pasado 11 de enero, del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).
Ya fuera de sede parlamentaria, uno de los miembros de la plataforma agraria atendió a los medios para subrayar que persisten los problemas de escasez de agua, mientras continúa el Trasvase Tajo-Segura. Aseguró este agricultor, que no quiso dar su nombre, que «no se está utilizando para la agricultura, sino para regar campos de golf y para urbanizaciones». Así, consideró que el PEAG es una «chapuza» que está destrozando la agricultura regional y, aunque respetó que el agua sea trasvasada, pidió que no se denuncie a los agricultores que pierden sus cultivos por no tener agua.
Los desalojados manifestaron que es «injusto» lo que están haciendo con los agricultores y recordó que las zonas más afectadas son la de Ciudad Real y la Cuenca del Alto Guadiana. El secretario regional de Asaja, José María Fresneda, indicó, por su parte, que si Asaja de Ciudad Real recurre finalmente el PEAG tendrá el apoyo de todas las organizaciones provinciales y de la regional, aunque espera que no sea necesario para que se resuelva el problema de la mayoría de los sancionados por tener pozos alegales.
Modelo de política hidráulica
En el Pleno, la vicepresidenta segunda y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, afirmó que el PEAG supone «una buena síntesis del modelo de política hidráulica que se defiende desde Castilla-La Mancha». Este plan, -que afecta a 19.000 kilómetros cuadrados, abarca 169 municipios de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo y afecta a 600.000 habitantes-, tiene el objetivo concreto de garantizar el agua para el mantenimiento de una agricultura sostenible y el desarrollo de la actividad económica y social en el Alto Guadiana.
La diputada del Grupo Popular, María Luisa Soriano, indicó, por el contrario, que el PEAG supone «una grave pérdida de potencial productivo para la región» y que es un documento que sólo traerá «el secano y la miseria», en cuya tramitación se han rechazado más de 2. 000 alegaciones.