domingo, 17 de febrero de 2008

Los ingenieros del agua, contra la gestión del Gobierno y la voracidad autonómica

MANUEL BUITRAGO
ABC.es

MURCIA. Alguien se puede imaginar que los embalses del Cenajo y del Talave, vitales para el Sureste y en territorio manchego, pasaran a ser gestionados y controlados por el Gobierno de Castilla-La Mancha? ¿O que se desmonten los diques y presas del Plan de Defensa contra las Avenidas de la cuenca del Segura? ¿O que cada comunidad autónoma se asigne un cupo de agua de los ríos que las bañan, como ha hecho Aragón reservándose 6.500 hectómetros cúbicos? ¿O que la cuenca del Guadalquivir se divida por provincias? El Colegio de Ingenieros de Caminos de España ha pasado a la acción tras permanecer cuatro años observando la gestión del agua que lleva a cabo el Gobierno de Rodríguez Zapatero y ha dado la voz de alarma, coincidiendo con la peor sequía que se recuerda. La mayor crítica que le dirigen al Gobierno es que no existe política de agua, y echan en falta una planificación general frente a la improvisación de las medidas de emergencia y los decretos.
Los señores que construyen las presas y diques, los canales y acueductos y que son herederos de un legado de obra hidráulica de más de 200 años, advierten del peligro de que se troceen los ríos debido a las presiones de las comunidades autónomas, y arremeten contra los colectivos que pretenden «liberalizar» los ríos desmontando presas y otras obras de regulación. Han recurrido al presidente del Gobierno, quien aún no ha contestado a la carta que le enviaron el pasado día 24 para expresarle su preocupación.


«Auténticos disparates»

«¿Qué pasaría con el tráfico en Madrid si desaparecen los semáforos? El caos total». Con este símil, el presidente del Colegio de Ingenieros, Edelmiro Rúa, señaló la peligrosa tendencia que se ha instalado en los últimos meses, impulsada por algunos colectivos, de dejar los ríos libres y suprimir hormigón y escolleras. Rúa considera la regulación y las obras hidráulicas imprescindibles para hacer frente a las inundaciones y avenidas, así como para superar episodios de extrema sequía como el actual. El colegio alerta del peligro de seguridad ciudadana y riesgo para la vida de las personas que supone desmantelar estas obras. Edelmiro Rúa cree que la única forma de solucionar este desorden es un pacto nacional del agua.
En un desayuno de trabajo, el Colegio de Ingenieros dio a conocer el viernes su postura oficial ante la gravedad de la crisis del agua, con la presencia de los miembros de la comisión creada al afecto, entre ellos Juan Guillamón, Carlos Garau y Luis Galguera, decanos de las demarcaciones de Murcia, Baleares y Asturias, respectivamente. Se sumó también al encuentro Juan José López Martos, que fue director general del Agua con Cristina Narbona en una primera etapa, hasta que dimitió. Éste tuvo un protagonismo en el lanzamiento del Programa Agua y laderogación del Trasvase del Ebro, pero ahora su discurso es muy crítico, sobre todo hacia los defensores de la Nueva Cultura del Agua que sostienen la política de la ministra Narbona, y también hacia los dirigentes autonómicos. «El debate del agua está preñado de ideología. Se dicen auténticos disparates. Cuando estuve en Aragón y me comentaron que el agua es un sentimiento, me dije: apaga y vámonos». López Martos cree, en términos generales, que se sigue regalando el agua, y opina que con los planes de sequía «se está afrontando mejor la situación». Una de sus andanadas la lanzó contra «unos ignorantes de la universidad de la vida que, con un ataque feroz, quieren ahora desmontar las presas». A su juicio, las obras hidráulicas son necesarias, y hay que ejecutarlas en función del interés económico y la rentabilidad, del respeto medioambiental y de la aceptación social. «No se puede hacer una obra teniendo que pedir ayuda a laGuardia Civil», dijo.
Juan Guillamón, decano de Murcia, pidió un cambio de coordenadas para que prime lo científico sobre lo político. Junto con su colega asturiano, Guillamón es el más crítico con el Gobierno central, «que crea problemas en lugar de solucionarlos. El Ministerio dice que gestiona la sequía de forma extraordinaria, y yo digo que será por las 1.500 presas que se construyeron en el pasado. De no ser así, en lugar de tener en España 54.000 hectómetros cúbicos de capacidad de embalse, sólo tendríamos 8.000 ».
Sobre la territorialización, Guillamón sostiene que con el agua no se puede hablar de sentimiento. Califica de «disparate» que Aragón se reserve 6.500 hectómetros cúbicos del Ebro para una población de 1,2 millones de habitantes, frente a la provincia de Alicante que tiene 1,8 millones. Si no frenamos la centrifugación del agua, vamos a terminar gestionando nuestro cuarto de baño para decir cuándo se abre el grifo del bidé o de la ducha».

«El panfletillo» del psoe

Para Luis Galguera, del colegio asturiano, la fuerza política de las autonomías «impide que se lleve a cabo una política general del agua en España». Dirige uno de sus dardos hacia la derogación parcial del Plan Hidrológico Nacional (PHN), que estaba basado en el Libro Blanco del Agua, una obra elogiada por todos los ingenieros, que creen incluso que se adelanta a la Directiva Marco del Agua. Apareció el nuevo PHN, «que es un panfletillo de varias hojas que ha destrozado la planificación hidrológica anterior, con el error grave de fraccionar los ríos y las cuencas». Para Galguera no hay nada que criticar de la política de agua del PSOE «porque no existe. Los partidos y los gobiernos hacen las obras para ganar votos en Aragón o en Murcia».
El derogado trasvase del Ebro no podía faltar. No existe una postura unánime del Colegio de Ingenieros de Caminos. Juan Guillamón apuntó que el Colegio apoya el informe jurídico de Emilio Pérez Pérez a favor de este trasvase y en contra del procedimiento jurídico utilizado para eliminarlo. Dicho informe fue aportado como anexo al comunicado oficial del Colegio, pero eso no quiere decir que apoye esta obra en concreto, puntualizó su presidente, Edelmiro Rúa.
Sí a los trasvases
«Apoyamos que las cuencas excedentarias deben colaborar con las deficitarias. En 2004 ya dijimos que hacían falta desalinizadoras, que había que regular los ríos, gestionar las aguas superficiales y subterráneas y enviar transferencias de agua de un sitio a otro. Todo debe ser visto desde una gestión integral», subrayó Edelmiro Rúa.

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