EL AGUA: ¿PÚBLICA O PRIVADA?

En el mismo blog de ayer (http://www.ajopringue.com/) encuentro este artículo sobre el agua:

El agua en España
Uno de los grandes problemas del comunismo, aparte de esas nimiedades como los más de cien millones de muertos y los viajes patrocinados por la Lubianka a una serie de afortunados a los que se invitaba a disfrutar del esplendor de las estepas siberianas, es la imposibilidad de conocer los costes de los bienes y servicios. El sistema de libre mercado, ése al que resulta políticamente incorrecto llamarlo capitalista, tiene como característica fundamental la voluntariedad de las transacciones que se llevan a cabo en el mercado, por lo que ambas partes se ven beneficiadas. El vendedor porque obtiene una contraprestación, que él juzga suficiente, a cambio del bien o servicio que oferta, y el comprador porque consigue algo a un precio que está dispuesto a pagar. Precisamente, al ser voluntarias dichas transacciones, el vendedor, como regla general, no estará dispuesto a aceptar una contraprestación inferior al coste que para él ha supuesto obtener lo vendido. Además, si el beneficio que obtiene el vendedor resulta muy llamativo, otros emprendedores se mostrarán dispuestos a entrar en la producción de dichos bienes o servicios, para obtener igualmente ganancias, incrementándose la disponibilidad de los mismos y, por lo tanto, bajando los precios.
Esto tiene como efecto, por un lado, el que cada vez sea mayor el número de personas que encuentran satisfactorios los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, y por el otro, el que dichas transacciones se ajusten a los costes incurridos, que a su vez son un reflejo de la disponibilidad de dichos bienes en la naturaleza, y del ingenio humano que busca minimizar dichos costes para aumentar su beneficio.
En el sistema comunista, al no ser las transacciones voluntarias, se pierde el concepto coste, ya que el precio pasa a ser la imposición de la mente de algún miembro de la nomenclatura, traduciéndose ello en peores bienes (no existe incentivo para la mejora), con menor disponibilidad (no se obtienen mayores beneficios por satisfacer a más clientes), y en colas para su obtención (no hay bienes suficientes).
El mercado del agua en España combina el sistema comunista y el capitalista. Así, prácticamente todo el agua se rige bajo los parámetros comunistas, quitando el mercado residual de las aguas embotelladas, que se venden libremente. El resultado salta a la vista: mientras que las aguas embotelladas, que compiten en desventaja (ya que provienen, bien de ciertos manantiales, bien de la depuración de aguas públicas, sin que sea posible el libre acceso a la mayor parte del agua que existe en nuestro país, ni a las redes de canalización), están disponibles para todo el mundo en su gama de mercado, el resto de aguas presentan problemas de escasez. El vendedor de aguas embotelladas la ofrece a un precio que le permite cubrir sus costes más el beneficio que estime oportuno, y el comprador la adquiere si estima que le compensa el precio que tiene que pagar. Nadie se inmiscuye en las cantidades que se intercambian en el libre mercado, ni del precio que se acuerda, ya que esto es un asunto privado entre comprador y vendedor, por lo que todo el mundo acaba satisfecho de la transacción realizada.
No obstante, el sistema mayoritario del agua en España es comunista, puesto que se tiene la consideración de bien público, cuyo precio es decidido por la mente preclara de algún burócrata, traduciéndose ello en colas (restricciones de agua), ineficiencias (pérdidas en las conducciones de agua), despilfarro (miles de hectómetros cúbicos son tirados al mar por capricho político) y, en algunos casos, mala calidad del bien ofrecido (mal sabor). Como buenos comunistas, los burócratas responsables de este desaguisado no sólo se niegan a aceptar su responsabilidad, sino que buscan cabezas de turco. En este caso, los pérfidos contrarrevolucionarios burgueses, resultan ser campos de golf, los demandantes situados en regiones cuyos habitantes no realizan las muestras de apoyo entusiastas al régimen que la nomenclatura estima conveniente, y aquellos individuos que, pese a pagar lo exigido por la administración, exceden la cantidad que el soviet de medio ambiente estima necesaria para la cartilla de racionamiento (cantidad arbitraria que se ha fijado en 60 litros por persona).
Si el propósito de las administraciones públicas fuese resolver los problemas de abastecimiento de agua en España, aplicarían la simple receta de privatizar las aguas (tanto las cuencas hidrográficas, como la totalidad de manantiales, acuíferos, pozos y redes de distribución), para que así se supiesen los costes de este bien al ser todas las transacciones voluntarias, destinándose este recurso a las actividades más valoradas por los consumidores, es decir, allí donde generan mayor valor añadido. Para eso, simplemente sería necesario que los miembros de la nomenclatura dejasen de cobrar por ejercer de pequeños dictadores imponiendo sus caprichos a los administrados, y se dedicasen a cosas más productivas como trabajar, cambio al que tristemente no estarán dispuestos.
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