El Gobierno manchego reabre la batalla del agua al insistir en el fin del Tajo-Segura
El PSOE acusa a la Generalitat de "dificultar" el desarrollo de desalinizadoras
EFE/REDACCIÓN
TOLEDO/VALENCIA
Conducciones del trasvase Tajo-Segura a su paso por la Vega Baja, Orihuela.
En apenas una semana, dos frentes han reabierto la batalla del agua. Por un lado, la intención del Gobierno catalán -liderado por los socialistas en coalición con ERC e ICV-, de captar agua del Segre -un afluente del Ebro- para abastecer Barcelona. Por otro, la determinación de otros socialistas, en este caso los de Castilla-La Mancha, donde también gobiernan, de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura.
El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, manifestó el jueves la intención de su partido de "pelear" hasta el final para que el trasvase llegue a su fin en 2015. Lamata dio a entender que esta será la respuesta del Gobierno manchego a las "dificultades" que, según él, ponen tanto la Comunitat Valenciana como Murcia a la implantación y desarrollo de desalinizadoras en el litoral mediterráneo. El vicepresidente manchego explicó que la reforma del Estatuto de esta comunidad -que recoge de hecho 2015 como fecha límite de la obra- se verá en las Cortes Generales a partir de abril y manifestó su confianza en que el texto "salga adelante". Lamata argumentó que el Estatuto de Autonomía es "comparable con lo que se ha ido aprobando en otras comunidades", en relación a otros textos ya aprobados que hacen referencia al agua. Así, el Estatuto de la Comunitat Valenciana recoge el derecho de los valencianos a recibir excedentes de agua de otras cuencas, el catalán se arroga propiedades como el blindaje del Ebro y el andaluz se atribuye competencias exclusivas sobre el Guadalquivir.
Todos estos textos han suscitado recursos de inconstitucionalidad por parte de otras regiones, a pesar de estar aprobados por las Cortes. En el caso del Estatuto de Castilla-La Mancha, la Generalitat anunció que también se recurrirá este apartado si finalmente se mantiene la fecha tope de 2015. Para Lamata, el único escollo que falta para que el texto salga adelante es "convencer" al Gobierno "y sobre todo al PP". El vicepresidente manchego reconoció, no obstante, que el texto de autogobierno tiene "algunas propuestas discutibles" en materia de agua y financiación. Lamata defendió que el Estatuto de su comunidad incluye la "cogestión en materia de agua" y señaló que el Tribunal Constitucional interpretó de "manera limitativa" el Estatuto valenciano en el precepto que permite a su Gobierno regional gestionar excedentes de agua.
La intención de limitar el Tajo-segura ha enfrentado a los socialistas manchegos con los de otras comunidades. Desde el PSOE de Murcia recordaron ayer que la cuenca del Segura "tiene derechos consolidados sobre las aguas del Tajo" y que el Estatuto de esa comunidad "no puede hacerse contra los derechos de otros ciudadanos de España".
El dirigente del PSOE José Ramón Jara anunció que los diputados socialistas murcianos "jamás permitirán que se elimine ni un solo hectómetro cúbico de las aguas que recibe el sureste español a través del trasvase Tajo-Segura y el Gobierno de España estará en la misma postura".Jara indicó que los socialistas murcianos serán "inflexibles en la defensa de estos principios" y que sus diputados y senadores "serán beligerantes contra cualquier reforma legislativa que ponga en peligro un solo hectómetro cúbico del trasvase Tajo-Segura".
CONTRADICCIONES HÍDRICAS EN EL PSOE:
Lo sucedido estos días con los socialistas catalanes y los manchegos -los primeros a favor de un trasvase del Segre al Llobregat y los segundos partidarios de poner fin al Tajo-Segura- evidencian que no todas las voces socialistas suenan a una cuando se habla de agua.
De hecho, la historia del PSOE está plagada de contradicciones en el capítulo de política hídrica. Sólo hace falta echar un vistazo a las hemerotecas para comprobar las diferentes posturas que han mantenido a lo largo de los años.
Es el caso del ex ministro y hoy diputado de Castellón Jordi Sevilla. Ya en 2000, y ante las elecciones generales, Sevilla calificaba el trasvase del Ebro como "de vital importancia para la provincia de Castellón" y afirmaba que el PSOE estaba en condiciones "de afirmar que si ganamos las elecciones lo haremos realidad".
Otro socialista, en este caso Josep Borrell, recordaba en 2004 durante un mitin en Valencia que se "rompió la cara" para traer agua a Valencia y Murcia. Borrell, que había sido ministro de Obras Públicas en el último Gobierno de Felipe González, señaló que él propuso el trasvase del Ebro como solución al problema hídrico de España. De hecho, en su etapa de ministro defendió la idea de la interconexión entre cuencas.
El hoy presidente de la gestora del PSPV, Joan Lerma, también tiene su peculiar capítulo en la batalla del agua. En enero de 1995 -todavía como presidente de la Generalitat-. Lerma afirmó que en España había cuencas excedentarias y otras deficitarias "y existen recursos para que eso se compense". En relación a la ley del trasvase que Castilla- La Mancha quería aprobar, Lerma afirmó que la Comunitat tenía "tanto derecho como cualquiera a traer el agua de donde sea" al tiempo que añadió que los trasvases "no son competencia de una comunidad autónoma" sino que sólo se pueden resolver "con la visión global de España".
También el ex ministro José Bono ha tenido sus más y sus menos con la disciplina del partido. Así, el pasado año afirmaba que nunca había entendido los motivos por los que solo se trasvasa del Tajo desde su cabecera "y no se puede trasvasar de otros ríos desde su desembocadura". Bono indicó en Burjassot que el agua "debe ir donde hace falta". El ex líder del PSPV, Ignasi Pla, ofreció a Francisco Camps el pasado año su "apoyo" a un "trasvase razonable" del Ebro durante la investidura de este último como jefe del Consell.
