La descalificación puede ser la antesala de la incapacidad política

JAVIER DE PABLOS

22 de febrero de 2008. Hoy tiene prevista su llegada a Toledo la marcha convocada por la Plataforma por el Agua y la Viña de Socuéllamos. Tras cien días de encierro en el ayuntamiento de la localidad ciudadrealeña, unos cien agricultores han recorrido durante varios días las carreteras castellano-manchegas para acabar este viernes su manifestación ante la sede del gobierno regional.
Todos los participantes de la marcha reivindican, entre otros, la regulación de los pozos alégales, la retirada de las sanciones, la recarga del acuífero 23, y la agilización de mano de obra. Durante su encierro en el ayuntamiento socuellamino, varios fueron los políticos que les visitaron "para hacerse la foto", comprometiéndose a una solución que no ha llegado. "Nadie nos escucha y vamos a Toledo para reivindicar lo nuestro" afirman los organizadores, que vuelven de nuevo a la Ciudad Imperial tras otra visita anterior a las Instituciones.
La celebración de esta convocatoria coincidiendo con las fechas electorales ha desatado multitud de opiniones contradictorias, generalmente de procedencia socialista. El PSOE ve en esta manifestación "motivaciones políticas", a la vez que pone en duda la defensa de los intereses de los agricultores. Las descalificaciones hacia un grupo humano que pretende defender legítimamente sus intereses han sido habituales en estos días.
Sin embargo, no hay razones objetivas para justificar estos actos "salvo que se estén defendiendo otros intereses que, coincidiendo con las fechas en las que estamos, algunas personas quieran empezar a utilizar", José Fuentes dixit, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.
La actitud "sospechosa" que despiertan los agricultores de Socuellamos no es única. Tampoco al Ministerio de Medio Ambiente le parece justificada la manifestación convocada para el próximo 1 de marzo por la Federación Española de Caza en protesta contra la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Las provocativas valoraciones del Ministerio han obligado a los convocantes a asegurar que la manifestación "no tiene por nuestra parte ningún tipo de connotación política y, sí, por el contrario, propugna la defensa de unos derechos que creemos lícitos y que sistemáticamente están siendo pisoteados". El volumen de negocio que nueve la caza en Castilla-La Mancha asciende a unos 300 millones de euros, existen alrededor de 150.000 licencias, y 5.500 cotos.
La coincidencia de cualquier reivindicación pública con determinados episodios políticos no debe ser argumento para descalificar al convocante y a los objetivos que pretende. La sociedad puede pensar que la incapacidad para solucionar los problemas de los ciudadanos sea un reflejo preocupante de la incompetencia de nuestros políticos.
La simultaneidad de fechas no puede ser más sospechosa que las interminables ofertas electorales que se producen durante estos días, precisamente.