(Ampliación) Narbona destaca el consenso social para la elaboración del PEAG y el entendimiento administrativo

Barreda asegura que las generaciones futuras podrán seguir "viviendo aquí con las mismas o más posibilidades"

ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)
(EUROPA PRESS)

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó hoy durante la firma del convenio para la configuración del Consorcio que gestionará el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), el consenso social alcanzado en la elaboración de dicho plan y el entendimiento administrativo para conveniar dicho Consorcio.

Ministerio de Medio Ambiente, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) firmaron hoy en esta ciudad el convenio para la configuración del Consorcio que gestionará el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), que se constituyó a continuación.

En este sentido, Narbona, que firmó el acuerdo con el presidente regional, José María Barreda, indicó que para trabajar en "una mejor" política del agua es necesaria la colaboración de administraciones, en este caso la central, la regional y la local, ya que a pesar de que se dice que la política del agua es una política de Estado, "se olvida" que vivimos en el Estado de las Autonomías y que todos los poderes públicos son Estado.

Manifestó asimismo que cuanto más complejo de gestionar es un asunto, más necesario se hace el entendimiento y tras un largo tiempo hasta llegar al modelo que recoge este Consorcio y la puesta en funcionamiento del PEAG, se ha visto esa coordinación administrativa, afirmó.

El consenso social también ha sido un punto determinante, según la ministra, ya que se ha alcanzado en un porcentaje amplio por el interés de todos los protagonistas implicados en la recuperación de los acuíferos 23 y 24, a los que alude este Plan.

El trabajo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), la implicación de las comunidades de regantes, de los ayuntamientos y el apoyo permanente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha hecho, en palabras de la máxima responsable de Medio Ambiente que "hoy sea un día importante en la construcción de una política del agua muy diferente a la del pasado".

Entonces las aguas subterráneas "estaban olvidadas", y el agua de los acuíferos y de los embalses "debe ser para hoy y para mañana", por lo que Narbona abogó por utilizarla con el mismo compromiso medioambiental y desarrollar una política del agua de acuerdo con los criterios internacionales que le otorguen su valor medioambiental, social y económico, lo que significa a su juicio, "abandonar otra política que no sea la basada en el consenso".

Tras la firma de este convenio y la puesta en marcha del Plan Especial del Alto Guadiana se abre un camino de recuperación de los acuíferos y de desarrollo sostenible del medio rural, "posible por las leyes y los programas impulsados por este Gobierno" con el objetivo de fijar población en el territorio y mejorar las condiciones económicas de los que se dedican a estas tareas e insistió en la necesidad de anticiparse al futuro y adoptar medidas preventivas en torno al agua "para que el cambio climático no nos pille desprevenidos".

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda remarcó lo importante de este día por la capacidad que demuestra la sociedad de afrontar "con valentía un problema que de seguir iría a la catástrofe" porque se extraía de los acuíferos más agua de que la entraba.

GARANTÍA PARA GENERACIONES FUTURAS.

Las aguas subterráneas de Castilla-La Mancha "son un tesoro que no se podrá esquilmar" con el PEAG para que las generaciones futuras puedan seguir viviendo aquí con las mismas o más posibilidades.

El problema de los acuíferos de La Mancha ya se contempló en el Plan Hidrológico del año 2001 en el que se planteó la necesidad de crear un Plan Especial para el Alto Guadiana, sin embargo "no se aprobó porque no hubo consenso suficiente, ni financiación sobre la mesa con medidas eficaces", recordó Barreda.

El PEAG está dotado con más de 5.000 millones de euros que servirán para desarrollar sus contenidos que van más allá de un plan medioambiental o agrario o industrial, sino que "es más que todo eso" y supone "un paso adelante en el desarrollo", la diversificación de la economía y el aseguramiento del agua, en definitiva se trata de un plan que pretende el desarrollo integral de La Mancha.

El presidente regional expresó su agradecimiento a Narbona "por entender" la necesidad de adjudicar y poner en marcha las obras de la Tubería manchega para evitar seguir viendo pasar el agua del Trasvase Tajo-Segura por esta zona "sin que pudiéramos coger ni una sola gota". Esto permitirá además "un alivio" para los acuíferos.

El jefe del ejecutivo de Castilla-La Mancha resaltó la importancia de que el órgano de gestión del Plan del Alto Guadiana cuente con un consejo paritario formado por los gobiernos central y regional e incorpore un consejo asesor en el que estarán incluidos todos aquellos con capacidad representativa.

En este punto, Barreda alegó a la participación porque "necesitamos que todos echen una mano" y "quien prefiere no entender que estamos ante una oportunidad real de afrontar el problema del agua, lo hará bajo su responsabilidad".

El alcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo, por su parte, calificó el acto de "histórico" y "de garantías" por la capacidad que tiene de abrir oportunidades a todos los sectores de la sociedad y garantizar "futuro y porvenir" en esta tierra. El primer edil agradeció la disposición de la ministra y el presidente regional de instalar la sede de Consorcio en esta ciudad, que siempre ha destacado por dar servicios y proveer de necesidades a toda la comarca de La Mancha.

La firma del convenio para la creación del Consorcio se hizo en presencia de numerosos representantes de la sociedad castellano manchega entre los que se encontraban diversos consejeros del Gobierno regional, presidentes de las Diputaciones implicadas, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), representantes de comunidades de regantes, de organizaciones agrarias, entre otros cargos públicos y representantes ciudadanos.